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Aplaude ONU-DH la primera ley de desaparecidos en México con el derecho a ser identificado

ONU-DH celebra y aplaude ley estatal mexicana que reconoce el derecho de los desaparecidos a ser identificados

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) celebraron este jueves que, por primera vez, una ley estatal mexicana reconoce el derecho de los desaparecidos “a ser identificado”.

Los organismos consideraron en un pronunciamiento que la nueva Ley sobre desaparición y búsqueda de personas para el estado de Baja California, en la frontera noroeste de México, representa un “importante avance” para la protección jurídica de las personas desaparecidas y sus familiares.

“El CICR y la ONU-DH destacaron como un logro que la ley de Baja California sea la primera a nivel estatal en incluir un capítulo específico sobre identificación humana, que reconoce el derecho de toda persona a ser identificada y establece la obligación de las autoridades de colaborar en la identificación”, expusieron.

Personas no identificadas o desaparecidas en México

México padece un fenómeno histórico de desapariciones con más de 115 mil personas desaparecidas y no localizadas, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Rnped).

Además, vive una crisis forense con más de 50 mil cuerpos sin identificar en fosas comunes, cementerios y morgues en el país, según ha reconocido la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Por ello, la ONU-DH y el CICR resaltaron que la ley de Baja California “contempla los elementos mínimos que deben tener los protocolos de identificación, para que las autoridades competentes cuenten con estándares homologados”.

Detallaron que la legislación también establece la operación de la Comisión Local de Búsqueda y su coordinación con la Fiscalía Especializada en materia de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares.

También recordaron que el marco jurídico debe consolidarse “mediante la asignación de los recursos necesarios –materiales económicos, humanos y de infraestructura– que garanticen su implementación efectiva”.

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