El presidente del GIDH pidió al Gobierno mexicano tomar medidas urgentes para fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
Cuatro de cada 10 ataques contra periodistas o personal de medios de comunicación tienen posible relación con funcionarios públicos, advirtió este domingo el Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH).
“Esta preocupante cifra subraya la urgente necesidad de reformar y fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el país”, enfatizó Jesús Rey Fierro, presidente del GIDH en un comunicado.
Fierro, reconocido con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, explicó que cifras oficiales del Mecanismo de Protección indican que se registraron 834 ataques contra defensores y periodistas en el país entre octubre de 2012 y hasta noviembre de 2023.
Detalló que de este total, 356 (un 43 por ciento), se atribuyen probablemente a funcionarios públicos y 276 (33 por ciento) a actores no estatales, como grupos de la delincuencia organizada.
El presidente del GIDH criticó que las cifras sobre homicidios de periodistas varían entre las mismas autoridades federales, y mencionó que la Feadle registró 86 asesinatos desde 2012 hasta diciembre de 2023, de los cuales solo consideró que 30 estaban relacionados con el ejercicio periodístico.
En contraste, agregó, la Secretaría de Gobernación registró 166 asesinatos, sin especificar cuántos estaban vinculados al trabajo de las víctimas, hasta octubre de 2022.
Ante las diferentes cifras y realidades oficiales, Fierro pidió al Gobierno mexicano tomar medidas urgentes para fortalecer el Mecanismo de Protección, incluida la asignación de recursos adecuados y la implementación de un sistema de monitoreo, evaluación efectiva y protección eficaz para garantizar la integridad de los informadores profesionales.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este miércoles su preocupación ante lo que consideró “grave filtración” de datos personales de periodistas en México.
