La iniciativa, nombrada Ley Malena, se da en honor a la saxofonista María Elena Ríos, sobreviviente de violencia ácida, un tipo de violencia premeditada que se produce a modo de venganza
Los ataques con ácido buscan causar daño físico a través de una deformidad y daño psicológico al reducir a la persona a un mundo de aislamiento. Y tienen un importante impacto social y económico para las víctimas. En los últimos 20 años, al menos 30 mujeres han sido agredidas con alguna sustancia corrosiva.
Caminas hacia tu destino, como todos los días, nada parece raro y en menos de cinco minutos tu vida ha cambiado por completo, si todavía sigues con vida. No sabes cómo ni cuándo y apenas piensas en quién; te arrojaron ácido o alguna otra sustancia química con el fin de torturarte, desfigurarte o asesinarte.
En México, al menos, 30 mujeres han sido atacadas con sustancias químicas en los últimos 20 años y, según registros de la fundación Carmen Sánchez MX, no todas lograron sobrevivir.
Esta fundación, creada por Carmen Sánchez ––quien también fue víctima de un ataque con ácido en 2014––, ha recopilado datos sobre las características particulares de este tipo de violencia: en el 85% de los casos los agresores son hombres y en el 90% de los ataques la sustancia química fue dirigida hacia el rostro.
Aunque son cada vez más visibles las agresiones con sustancias corrosivas, México todavía no produce cifras oficiales y, hasta el momento, no se ha reconocido ni nombrado este tipo de violencia en las leyes.
Fue sólo gracias al activismo y persistencia de las propias víctimas, sus familias y los colectivos feministas que se presentó al Congreso la iniciativa “Ley Malena”, que busca hacer modificaciones a la ley para tipificar las agresiones con ácido.
¿Qué cambios propone la Ley Malena?
La iniciativa hace honor a María Elena Ríos ––a quien sus personas cercanas llaman Malena–– una saxofonista originaria de Oaxaca quien fue víctima de un intento de feminicidio efectuado a través de un ataque con ácido en septiembre del 2019.
Ley Malena propone modificaciones a la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la esencia y el punto más importante es que ahora, la ley nombre y considere los ataques con sustancias corrosivas como un delito. Hasta ahora, estas agresiones no constituyen un delito en sí mismo, son sólo agravantes de otros delitos.
Al tipificarse como un delito, los agresores podrían recibir penas de hasta 12 años en prisión y ofrecer a las víctimas o sus familias el acceso efectivo a una reparación de daños eficaz e integral.
Otro de los objetivos fundamentales de la Ley Malena es que a partir de estas modificaciones legislativas, se faciliten los procesos de justicia para las mujeres que sean agredidas de esta manera.
La propuesta también busca que, a través de la Secretaría de Salud, se genere un padrón de registros sobre incidentes con ácido y otras sustancias que sirvan para producir cifras oficiales sobre este tipo de violencia.
¿Por qué es importante?
Aunque en México persisten múltiples expresiones de violencia contra mujeres y niñas, las agresiones con sustancias químicas constituyen un tipo de violencia muy peculiar. De acuerdo con la organización internacional de sobrevivientes de agresiones con ácido, este tipo de violencia tiene una altísima carga simbólica, tienen el propósito fundamental de marcar de por vida.
María Elena, Yazmín y Carmen ––sólo por nombrar a algunas de las víctimas que han compartido sus testimonios–– han tenido que someterse a decenas de cirugías fundamentales para rehabilitarse y mejorar su calidad de vida. En médicos, psicólogos y asesorías jurídicas han invertido no sólo tiempo, sino también dinero. Y aunque el daño es irreversible, buscan justicia al mismo tiempo que recuperan sus vidas.
Las agresiones con ácido, a diferencia de otras agresiones, van más allá en las intenciones. En su ensayo Aspectos generales de la agresión con ácidos, un delito que deja huella, la investigadora docente Judith Patricia Beltrán-Ramírez, estudia como estos ataques buscan causar daño físico a través de una deformidad y daño psicológico al reducir a la persona a un mundo de aislamiento.
Y resalta también el impacto económico para las víctimas, en virtud la discriminación social frente a una discapacidad, a los costosos tratamiento y las pausas temporales o laborales que los tratamientos requieran.
Otro de los aspectos resaltados en dicho ensayo son las motivaciones de los agresores, que en la mayoría de los casos estudiados son emociones canalizadas de manera negativa: venganza, celos o dolor. En un país con estructuras profundamente machistas y con niveles altísimos de impunidad, como México, estos ataques no sólo no cesan, sino que incrementan.
Aunque la impunidad en México no es una sorpresa, la violencia ejercida contra mujeres y niñas es una de las que más obstáculos encuentra a la hora de buscar y encontrar justicia y reparación de daños. Y para la mayoría de las mujeres que han sido agredidas con sustancias químicas la justicia todavía se ve lejos.
“Quemar nuestros cuerpos es muestra de violencia extrema; el borrado de nuestra identidad”, dice María Elena Ríos, que después de tres años de su ataque todavía no puede empezar con su vida de nuevo; a la espera de que la justicia llegue.