Mientras escuchaba el martes de la semana pasada al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dar su informe de seguridad en la mañanera del pueblo, dos cosas me quedaron claras. En primer lugar, que la continuidad de los “abrazos, no balazos” de López Obrador sólo se mantiene en el discurso para evitar un cisma al interior de Morena; en la práctica, Sheinbaum no puede quedarse cruzada de brazos ante la imparable violencia en el país.
En segundo lugar, que, a seis días de la insólita elección judicial en México, en lugar de brincar de felicidad porque, por primera vez, “el pueblo” elegirá a sus jueces, magistrados y ministros… debería estar ¡aterrorizado! por las consecuencias que esto tendrá.
Mientras en las calles de la Ciudad de México habían sido ejecutados en un ataque directo dos colaboradores cercanísimos de la jefa de Gobierno, Clara Brugada; García Harfuch dio cuenta de que, del 1 de octubre del 2024 al 18 de mayo del 2025, es decir, en lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, han sido detenidas 21 mil 411 personas por delitos de alto impacto; han sido aseguradas 157 toneladas de droga, incluyendo alrededor de una tonelada y media y más de 2 millones 300 mil pastillas de fentanilo; han sido aseguradas más de 11 mil armas de fuego y han sido inhabilitados más de 915 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas.
Además, con el “Operación Frontera Norte” instrumentado desde el 5 de febrero, han sido detenidas más de 3 mil 400 personas, se han asegurado casi 3 mil armas de fuego, medio millón de cartuchos y más de 14 mil cargadores y 32 toneladas de droga, incluyendo más de un millón de pastillas de fentanilo.
Evidentemente, todas estas cifras se traducen en carpetas de investigación (con un sistema de procuración de justicia de por sí plagado de deficiencias en todos los niveles) y procesos penales que deben llevarse a cabo para que el combate a la impunidad y la aplicación de la justicia sean una realidad en México… y esto último queda en la cancha del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales de los estados.
¿Y qué podremos esperar de juzgadores que, de entrada, serán producto del capricho de un presidente vengativo?
El “jus dicere” estará en manos de personas cuyos nombres surgieron de una tómbola en la que lo mismo había abogadas y abogados sin la experiencia que requiere una responsabilidad de tal magnitud, que personas posiblemente vinculadas con el crimen organizado.
El sistema de preselección de candidatas y candidatos, totalmente politizado y alejado de los estándares internacionales, no garantiza la profesionalización, la especialización y la independencia, y, para acabarla de amolar, las instituciones electorales (Instituto Nacional Electoral y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación), fueron cooptadas por la 4T.
Así las cosas, ¿qué podría salir mal en esta elección? La respuesta asusta y que Dios nos agarre confesados, porque para enfrentar la guerra contra la delincuencia organizada -en la que esta última parece ir ganando la batalla- el país requiere juzgadores con altura de miras…
Por eso, coincido con las siete razones referidas por el constitucionalista Francisco Burgoa para no votar el próximo 1 de junio: “Votar es convalidar las irregularidades de la reforma judicial; el voto no debe sustituir al mérito; la ‘elección judicial’ no cumple con estándares democráticos; esta ‘elección’ no garantiza independencia judicial: la destruye; la justicia no puede estar en manos de la popularidad, ni la demagogia; es imposible conocer a todos los candidatos y no se comprometen con la Constitución; no votar es un acto de resistencia y de rechazo a la reforma judicial”.
