El secretario de Seguridad denunció 193 resoluciones judiciales que habrían beneficiado a criminales con traslados, liberaciones o cambios de medida cautelar
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, denunció este jueves que al menos 193 resoluciones judiciales favorecieron o intentaron beneficiar a presuntos delincuentes en México, lo que calificó como una situación “inaceptable”.
Durante la conferencia presidencial, García Harfuch detalló que estas decisiones judiciales derivaron en 164 egresos por cambio de medida cautelar y dos liberaciones definitivas, lo que implica que más de un centenar de presuntos criminales regresaron a las calles.
Asimismo, informó que se realizaron 27 traslados de personas privadas de la libertad a otros centros penitenciarios sin que se cumplieran los requisitos del proceso. En varios casos, se trató de acusados por delitos graves como secuestro, homicidio y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
El funcionario subrayó que la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social había considerado no viables estos movimientos y señaló que las decisiones de los jueces contradicen los esfuerzos institucionales para mantener la seguridad pública.
Uno de los casos destacados es el de Miguel Ángel “N”, presunto líder de los Zetas, cuya extradición a Estados Unidos se frenó en más de 79 ocasiones por al menos siete jueces, pese a que enfrenta cargos por delitos como asociación delictuosa, narcotráfico y lavado de dinero.
También señaló al juez Gregorio Salazar Hernández, con sede en el Estado de México, por presuntamente haber favorecido a Gerardo Pince Alanís, operador del Cártel del Pacífico, y al “Contador”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo.
Sheinbaum defiende elección judicial
Ante las acusaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que será el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Tribunal Electoral quien decida sobre los candidatos a la próxima elección judicial, en la que algunos aspirantes han sido señalados en redes sociales por presuntos vínculos con el crimen.
La elección popular del Poder Judicial será la primera en su tipo y ha estado marcada por la controversia. Se prevé que 99.7 millones de ciudadanos elijan 881 cargos entre 3 mil 422 candidatos, incluyendo ministros de la Suprema Corte, miembros del Tribunal Electoral y del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
Organismos internacionales, la oposición y asociaciones civiles han alertado sobre posibles riesgos de intromisión del crimen organizado y del Ejecutivo en estos comicios, cuya campaña comenzó el 30 de marzo y concluirá el 28 de mayo.
