Pleno de SCJN resolverá sobre participación de Fuerzas Armadas en seguridad

El pleno de la SCJN resolverá sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta 2024. Foto: Agencia EFE
El pleno de la SCJN resolverá sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta 2024. Foto: Agencia EFE

Los 11 ministros del pleno de la SCJN revolverán la controversia constitucional contra el decreto del presidente López Obrador para extender la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta 2024

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordó que sea el pleno del Alto Tribunal el que analice la controversia constitucional que presentó la expresidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, en contra del decreto del 11 de mayo en el que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ordenó el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2024.

En la sesión de este miércoles en la Primera Sala estaba prevista la votación sobre la validez o invalidez de dicho decreto. Sin embargo, por indicación de la ministra ponente Ana Margarita Ríos Farjat, el asunto fue turnado al pleno de la SCJN, lo que indica que serán los 11 ministros los que analicen y resuelvan en definitiva el asunto.

Cabe destacar que mediante un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo, el mandatario mexicano ordenó a las Fuerzas Armadas participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en funciones de seguridad pública por un periodo máximo de cinco años, es decir, hasta el 26 de marzo del 2024.

López Obrador ordenó que las Fuerzas Armadas sigan realizando trabajos de seguridad hasta 2024. Foto: Especial
López Obrador ordenó que las Fuerzas Armadas sigan realizando trabajos de seguridad hasta 2024. Foto: Especial

Eso permite que los integrantes del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Mexicanos, durante el tiempo en que la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, participen en tareas de seguridad pública, “sin que dicha participación exceda de cinco años contados a partir de la entrada en vigor del decreto del 26 de marzo del 2019”.

Además de la exdiputada federal Laura Rojas, el municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes; el municipio de Colima y el Gobierno del Estado de Michoacán, también presentaron ante el Alto Tribunal -cada uno y por separado- una controversia constitucional contra el decreto del 11 de mayo.

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