Niegan recurso a gaseras contra regulación de precio del gas LP

Un juez federal rechazó suspender provisionalmente el acuerdo para regular los precios máximos del gas LP. Foto: Especial
Un juez federal rechazó suspender provisionalmente el acuerdo para regular los precios máximos del gas LP. Foto: Especial

El juez federal Juan Pablo Gómez Fierro rechazó concederles a 8 empresas gaseras la suspensión provisional del acuerdo para fijar los precios máximos del gas LP para los consumidores en México

Un juez federal negó concederle la suspensión provisional a ocho empresas gaseras, que impugnaron el acuerdo A/024/2021 emitido por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la cual fijó los precios máximos del gas LP a los consumidores.

En la demanda, las compañías gaseras impugnaron el cumplimiento de la Directriz de Emergencia para el bienestar del consumidor del gas LP, que fue dictada por la Secretaria de Energía del Gobierno de México con la finalidad de salvaguardar los intereses de los usuarios finales.

El juez federal Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, rechazó otorgar a dichas empresas la medida cautelar de suspensión provisional.

“Se seguiría en perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, debido a que se permitiría el alza de precios en relación con un artículo de primera necesidad o de consumo necesario, como lo es es el gas licuado de petróleo, el cual constituye un insumo indispensable para la vida de las y los mexicanos”, determinó el juzgador federal.

Sin embargo, el juez federal puntualizó que existe la presunción de que la autoridad responsable no cumplió la dispuesto en la Ley de Hidrocarburos, ya que fijó los precios máximos del gas LP a los consumidores sin que exista declaratoria previa por parte del regulador sobre la falta de competencia el mercado.

“Debe considerarse que el beneficio que la sociedad puede recibir de la ejecución de los actos reclamados es mayor que el perjuicio que se provoca por la falta de cumplimiento de dicha formalidad”, enfatizó.

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