Una chicanada barata…

De ser cierto el que en las propias oficinas del secretario de Salud del Gobierno federal, Jorge Alcocer Varela, y del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aumentaron los casos confirmados de servidores públicos que dieron positivo al virus SARS-CoV-2 (COVID-19), resultaría verdaderamente penoso; simplemente porque ellos encabezan la estrategia en contra de la pandemia, en nuestro país, especialmente este último: el “Rockstar de la 4T”… de ser solo un pretexto, ¡peor aún!

Y es que cualquier explicación razonable que uno trate de encontrar al acuerdo publicado por la Secretaría de Salud, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 11 de octubre, resultaría cómica; a no ser porque en el fondo es muy preocupante.

Me refiero concretamente al “ACUERDO por el que se suspenden los términos y plazos en las unidades administrativas que se indican de la Secretaría de Salud, derivado del incremento de casos confirmados de personal que ha contraído el virus SARS-CoV-2 (COVID-19)”, el cual consignó lo siguiente: “Se suspenden por causa de fuerza mayor, los términos y plazos de los procedimientos y trámites que se llevan a cabo en las Oficinas Directas del Secretario, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y la Oficina del Abogado General de la Secretaría de Salud, derivado del incremento de casos confirmados de servidores públicos que han dado positivo al virus SARS-CoV-2 (COVID-19), incluyendo la recepción de notificaciones que realicen las autoridades competentes de los niveles federal y local”.

Los plazos fueron suspendidos del 11 al 18 de octubre, y durante este periodo se ordenó ─sí, no es broma─ el cierre de la recepción de documentos en las oficialías de partes de las oficinas en la Ciudad de México, de ambos funcionarios.

El acuerdo también mandó, aunque usted tampoco lo crea, lo siguiente: “Se instruye a las Oficialías de Partes de las Oficinas Directas del Secretario, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y la Oficina del Abogado General, señaladas en el presente Acuerdo, abstenerse de recibir promociones, demandas, juicios de amparo, emplazamientos, requerimientos judiciales, así como cualquier otra notificación proveniente de las autoridades jurisdiccionales, contencioso administrativas, administrativas y del trabajo en todos sus ámbitos de competencia cuya atención le corresponda”… es decir, cerraron el changarro con un “¡háganle como quieran!”.

Y quizá pensaron que sería un buen pretexto para mandar a volar, cuando menos por unos días, a quienes solo buscan joder al gobierno de López Obrador; entiéndase, por ejemplo, esos traidores a la patria que complotan para ─vía amparos─ vacunar a sus niños menores de edad en contra del Covid-19; y es que hay que recordar: “Por cada dosis que por acción judicial por esta sentencia de amparo se desviara hacia un niño o niña, cuyo riesgo en menor, se le está quitando la oportunidad a una persona que tiene un riesgo mayor”, según López-Gatell.

El acuerdo representa una chicanada barata que solo exhibe el desprecio de la 4T al Estado de Derecho… En la concepción del presidente ─no lo olvidemos─ atrás de cada amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional hay un neoliberal y un juez corrupto; que “Desde que se inventó eso del debido proceso ya no se puede informar al pueblo”; y que por encima de la ley, está lo que él considera como justo.

Además, el documento desnuda la arrogancia y desconocimiento de la ley, de los funcionarios de Salud; al pretender que un acuerdo de carácter administrativo del secretario, por mucho que haya sido publicado en DOF, esté por encima del artículo 133 de la Constitución y de la propia Ley de Amparo.