Periodo de Cerbón concluye cuando inicia implementación de Reforma Laboral

Reforma

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro (TSJ), José Antonio Ortega Cerbón, recordó que el 1 de octubre arranca la implementación de la Reforma Laboral y ahora se harán cargo de los asuntos laborales

El 1 de octubre, uno de los 13 magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro (TSJ) asumirá la presidencia de esa institución, aseguró José Antonio Ortega Cerbón, magistrado presidente.

“El próximo 1 de octubre concluye mi mandato y la nueva designación será decisión del pleno del Tribunal Superior de Justicia, de entre los 13 magistrados elegiremos a un presidente y eso se hará hasta la última semana de septiembre”.

En este momento, dijo, se está trabajando fuerte porque también el 1 de octubre arranca la implementación de la Reforma Laboral y ahora se harán cargo de los asuntos laborales.

“Nosotros estamos trabajando fuerte; ya aperturamos la Ciudad Judicial de San Juan del Río y estamos por aperturar la de Querétaro con toda una nueva infraestructura y mobiliario y estamos por aperturar un edificio nuevo de gestión jurídico y de jueces para el sistema penal acusatorio y sobre todo estamos definiendo todo para la implementación de la Reforma Laboral”.

Refirió que aún le quedan tres años como magistrado. Sobre la implementación de la Reforma Laboral, Ortega Cerbón detalló que se encuentran en la fase de ejecución con un avance del 30 por ciento.

“Estamos avanzando en un 30 por ciento en la fase de ejecución, o sea, la ley ya está al 100 por ciento, al igual que la infraestructura, mobiliario y tecnología”.

Aseguró que de acuerdo con la reforma de la Constitución, el poder Judicial abrió una convocatoria para reclutar personas para que puedan ser los operadores judiciales de lo laboral y de las 350 inscritos 288 tienen que cursar su capacitación hasta julio, después van a un examen y los que logren acreditar el examen van a poderse inscribirse a los concursos de selección del personal y los que pasen van a ser nombrados operadores.

El subsidio del gobierno federal fue de 32 millones más el aparto del gobierno estatal es de casi 15 millones de pesos que se aplicarán para la justicia laboral.