Diputados aprueban en lo general la ampliación de mandato de Arturo Zaldívar

La Cámara de Diputados aprobó en lo general la ampliación de mandato hasta 2024 de Arturo Zaldívar frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

La Cámara de Diputados aprobó en lo general reformas a la Ley del Poder Judicial de la Federación, que, entre otros temas, permitirían que se extienda el mandato del ministro Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hasta 2024.

Tras un debate de más de cinco horas que comenzó a las 11 de la noche y con una mayoría parlamentaria de Morena, PVEM y PT, los diputados avalaron en lo general con 260 votos a favor 167 en contra y 2 abstenciones las modificaciones al dictamen que expide las Leyes Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación. A continuación, comenzó la discusión de las 583 reservas.

La aprobación del transitorio se da casi un día después de que la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con 17 votos a favor y 13 en contra.

Con ello, Arturo Zaldívar, quien debería dejar el cargo en 2022 según la Constitución, concluirá su presidencia en la Suprema Corte hasta 2024, coincidiendo así con el último año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las nuevas leyes Orgánicas del Poder Judicial de la Federación y de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, así como las reformas y adiciones a otros cinco ordenamientos, buscan abatir la corrupción, el nepotismo y la discrecionalidad entre los jueces.

Para ello, prevé incorporar mecanismos y procedimientos transparentes en los procesos de designación del personal adscrito al Poder Judicial de la Federación, además de consolidar la unidad general de investigación de responsabilidades administrativas de ese sector.

Asimismo, las reformas perfilan la carrera judicial como un pilar de la actividad jurisdiccional y establecen un marco normativo en materia de actuación ante faltas administrativas políticas para el combate al nepotismo y la corrupción. Del mismo modo, se considera la creación de órganos especializados en procedimientos jurisdiccionales del ámbito penal, consolidar los plenos regionales, así como separar los aspectos referentes a la carrera judicial y dar paso a la expedición de una ley especializada en la materia.