Outsourcing ilegal se castigará con cárcel y multas de hasta 4 mdp

Outsourcing

El Senado aprobó este martes la reforma de subcontratación y concluyó con esto el proceso legislativo para dar luz verde a los cambios laborales. El proyecto se turnó al Ejecutivo para su publicación en el DOF

La reforma de subcontratación concluyó su trámite legislativo al ser aprobada este martes por el pleno del Senado de la República. El Congreso de la Unión avaló así modificaciones a ocho ordenamientos legales con los que se prohiben los esquemas de outsourcing basados en el suministro de personal de una empresa a otra, actividad que será considerada como ilegal y un delito de defraudación fiscal.

Las modificaciones aprobadas por el Congreso, que fueron enviadas al Ejecutivo para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), contemplan reformas a la Ley Federal del Trabajo para imponer multa de hasta 4 millones 481,000 pesos para quien se beneficie de la subcontratación de personal (hasta 50,000 UMAs), y cambios al Código Fiscal de la Federación para considerar esta figura como delito de defraudación fiscal, el cual se castiga hasta con tres años de prisión.

El pleno de la Cámara Alta aprobó el paquete de reformas con 118 votos a favor y 2 abstenciones. Los ordenamientos que también fueron modificados son la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

La subcontratación de personal se entiende como el suministro de trabajadores de una empresa en beneficio de otra. Esta actividad estará estrictamente prohibida al día siguiente de la publicación de la reforma en el DOF, que tiene como fecha tentativa el 1 de mayo.

“Lo que estamos haciendo con este dictamen es corregir el rumbo y rectificar para llevar la subcontratación a nuevo orden, a una actividad más moderna, más eficiente y más equitativa, y la reivindicación de los derechos de los trabajadores, expresó el senador Napoleón Gómez Urrutia (Morena), presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado.

El legislador afirmó que las modificaciones aprobadas son un paso para “corregir los vicios” que permitieron el abuso de una figura laboral a costa de los derechos laborales y las finanzas públicas.

“El proyecto pretende prohibir la subcontratación de personal bajo esquemas de simulación, permitiendo que las empresas subcontraten servicios u obras especializadas que no formen parte de su objeto social o actividad económica preponderante”, explicó la senadora Ana Lilia Rivera Rivera (Morena), presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.

En ese sentido, la legisladora consideró que la reforma representa un avance hacia una sociedad más justa e igualitaria, además de que es la versión final del proyecto es resultado de un amplio proceso de diálogo para un bien común.

La aprobación de la iniciativa impulsada por el gobierno federal fue celebrada por la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, al afirmar que estos cambios marcan el inicio de una nueva etapa en la reivindicación de las personas trabajadoras.

“Con la aprobación en el Senado de la reforma en materia de subcontratación u  outsourcing concluye un esfuerzo colectivo para acabar con la simulación laboral e inicia una nueva etapa de regularización y reivindicación en favor del trabajo digno. Enhorabuena por los legisladores”, manifestó la funcionaria federal en su cuenta de twitter.

Los ejes de la reforma

El nuevo régimen de subcontratación al que deberán apegarse los empleadores tiene como objetivo principal evitar la evasión de obligaciones laborales y fiscales por parte de los patrones.

En ese sentido, los ejes de la reforma son: prohibición de la subcontratación de personal; permitir la tercerización de servicios especializados siempre y cuando estos no formen parte del objeto social y actividad económica preponderante de la empresa contratante, apegándose a nuevas reglas como el registro a un padrón público; y garantizar el acceso al reparto de utilidades de las personas trabajadoras.

Bajo este esquema, las agencias de empleo podrán continuar operando, pero sólo participando en los procesos de reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación de trabajadores, sin asumirse como patrones de estos. Es decir, los empleadores siempre serán las organizaciones que contraten estos servicios.

El nuevo marco regulatorio de la prestación de servicios especializados contempla también el fortalecimiento de los mecanismos de inspección del cumplimiento de las nuevas disposiciones y la ampliación del catálogo de sanciones a las irregularidades.

En lo particular, la reforma recibió 110 votos a favor, 1 en contra y una abstención. Aunque todos los grupos parlamentarios apoyaron el proyecto en lo general, algunas bancadas pidieron realizar ajustes al dictamen enviado por la Cámara de Diputados, como mayores reglas para el registro de empresas de subcontratación que operará la STPS y la ampliación del tiempo de transición para la regularización de las empresas que tengan vigentes esquemas de insourcing, entre otros aspectos.

La regulación de la subcontratación fue una de las discusiones más activas a nivel legislativo en los últimos meses. En noviembre pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa a la Cámara de Diputados para acotar el actual régimen de outsourcing; sin embargo, en diciembre se suspendió el debate a petición de la iniciativa privada. Tres meses después se alcanzó un acuerdo tripartito para modificar el proyecto original, ajustes que fueron respaldados por ambas cámaras del Congreso de la Unión.

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