Lo que se puede y no se puede en la ciudad

Muchas han sido mis experiencias en la atención del conflicto que surge cuando un vecino, un grupo de vecinos o incluso toda una comunidad se oponen a la realización de un proyecto inmobiliario en suelos vivos, disponibles y aptos para el desarrollo urbano. Este siempre es un conflicto tripartita, donde participan el peticionario de las licencias, la autoridad que las concede y aquellos que de forma legítima (o no) se oponen a que se realice la nueva edificación de que se trate, la adaptación de un inmueble a un nuevo giro o la regeneración de una zona o un sitio para densificarlo o replantear sus usos de suelo.
Y es que la ciudad de Querétaro ha vivido en permanente estado de conflicto vecinal durante los últimos 30 años. La Cimatario pasó en ese periodo de ser “residencial” a prácticamente de uso mixto, donde cada cambio de uso de suelo fue tórrido y desgastante; Carrizal poco a poco expulsó a sus avecindados durante los 90 para dejar paso a un conjunto de oficinas tanto públicas como privadas sin estacionamiento. Los colonos de Jurica, en otra dimensión del mismo fenómeno, viven agazapados y al grito de guerra en contra de cualquier intento por condominizar los grandes baldíos unifamiliares de aquel otrora lejano fraccionamiento residencial campestre, hoy a la mitad de la ciudad.
Otros eventos pintan la situación: Álamos Segunda Sección se ha opuesto a todo, siempre; incluso a la fallida siembra de la Estación del “Tren Bala” en los terrenos de la subestación de CFE cerca de la conexión vial con El Pedregal a un lado de Bernardo Quintana. No obstante lo tozuda de esta organizada comunidad, no pudieron frenar la consecuente presión sobre Industrialización, que con el paso de los años terminó por ofrecer un pesado corredor comercial y habitacional, donde es obvio que los coeficientes urbanos se han violado a favor de algunos inversionistas; de poco les valió a los colonos de esta aguerrida zona la norma técnica especial de colonia que les obsequió en su momento (ilegalmente) la administración municipal de Manuel González Valle.
Colonias como Arboledas, Carretas, Loma Dorada y la Del Prado (allá por el IMSS en Zaragoza) viven en zozobra por las diversas intenciones de la industria inmobiliaria que prefigura edificios y reconversiones de casas a oficinas. Es un permanente estado de conflicto que los administradores del suelo no saben cómo atajar, cómo atemperar, pues el dilema es frenar la expansión urbana a favor de una ciudad compacta, pero al mismo tiempo no se puede regenerar la ciudad central existente sin perder votos o incluso elecciones en el proceso.
Surge por tanto la pregunta: ¿es normal este estado de ‘stress’ en la gestión del suelo? La respuesta es categórica: Sí. Resulta obligado. Regenerarse es consustancial a la ciudad misma y por tanto hay que regular el fenómeno y estipular con claridad y transparencia cómo debe medirse y calificarse el impacto social de los nuevos proyectos, so pena de dejar nuestra urbe en manos, por un lado, de la intolerancia ciega de los vecinos o bien de la corrupción y la indolencia de servidores públicos que permiten el abuso, por ejemplo, de aquellos que se cobran el patrocinio de campañas políticas con potencial constructivo, lo que parece haber sucedido en La Victoria, por el rumbo de Constituyentes.
Y es que vale decir que el origen de este problema es bastante obvio, pero no por ello sencillo de atender: por una parte, legisladores y funcionarios públicos del desarrollo urbano le han tenido miedo a regular el impacto social. No hay política urbana. Autoridades electas y oficiales técnicos temen involucrarse en los conflictos vecinales, pues le sacan a verse cuestionados por aplicar el Código Urbano y los programas de ordenamiento territorial; o bien, evaden ser cuestionados por aprobar algo que claramente no compatibiliza con su entorno, generando todo tipo de suspicacias y resistencias civiles.
Así mismo, los ciudadanos debemos trabajar en un nuevo sentido de urbanidad; aprender a tolerar; asumir que la ciudad se mueve y evoluciona. Entender que un suelo vivo a nuestro alrededor será construido, cambiado o alterado en algún momento. Participar del proceso de planeación y darle seguimiento, pues solo así podremos aligerar la carga emocional que se presenta en varios puntos de la ciudad cuando, por ejemplo, se pretenden gasolinerías, hospitales, restaurantes o giros un tanto más rudos, que resultan necesarios.
Termino esta reflexión invitándolos a ustedes, ciudadanos, a retomar su rol en la ciudad como decisores y a ustedes, políticos, a considerar regular el impacto social produciendo reglas que más allá de las emociones, encuadren el análisis de nuevos proyectos en un marco técnico: lo que se puede y lo que no se puede en la ciudad.