Inhabilitan y multan a la exsecretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda

La exsecretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, fue inhabilitada y multada por la Secretaría de la Función Pública. Foto: Especial
La exsecretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, fue inhabilitada y multada por la Secretaría de la Función Pública. Foto: Especial

La exsecretaria de Cultura en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, María Cristina García Cepeda, fue inhabilitada para ocupar cargos públicos por 10 años y multada con más de 19 millones de pesos

La Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció la imposición de una multa y la inhabilitación por 10 años como funcionaria a la exsecretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, quien fuera titular de la dependencia federal durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, así como a dos exfuncionarios de alto rango de dicha administración, por la donación de más de 59 millones de pesos a una asociación civil para la realización del proyecto Museo de Museos, en el Antiguo Palacio del Marqués del Apartado, en la calle de Argentina número 12, en el Centro Histórico, sin la debida autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), dado que se trata de un inmueble de valor histórico protegido por dicho instituto, para hacer trabajos de infraestructura en el predio.

A través de un comunicado de prensa, la SFP, encabezada por Irma Eréndira Sandoval, informó que la multa resarcitoria asciende a 19 millones 771 mil 154 pesos “a cada una de las personas exservidoras públicas de esa dependencia que tuvieron responsabilidad: su extitular, el exoficial mayor y a la exdirectora general de Administración”, sin detallar en ningún momento los nombres de los exfuncionarios sancionados; sin embargo, es posible inferir que se trata de María Cristina García Cepeda, quien fuera titular de la secretaría durante la administración pasada.

Francisco Cornejo Rodríguez, por su parte, fungió como oficial mayor durante dicha administración federal, y María Eugenia Araizaga Caloca, fue directora de Administración durante la gestión de García Cepeda.

La SFP detalló que el seguimiento del caso por parte del Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Cultura comenzó a finales de 2018, cuando este se percatara de posibles irregularidades en el otorgamiento de dichos donativos: primero, por 50 millones de pesos en 2017 y, en junio de 2018, por 9 millones 313 mil 461 pesos adicionales a una asociación civil encargada del proyecto, presumiblemente, Puerto Cultura A.C.

“La entrega de estos donativos, uno por 50 millones de pesos, en marzo de 2017, y otro por 9 millones 313 mil 461 pesos, en julio de 2018, sin considerar las normas aplicables, causó un daño al erario debido a que no se concretó la realización del museo como resultado de un deficiente ejercicio de funciones de los responsables”, explicó Función Pública.

Agregó que como parte de la investigación, desde finales del 2018, con el cambio de administración, el OIC realizó una auditoría y brindó a los involucrados todas las garantías para su defensa. Este proceso llevó a la inhabilitación de la funcionaria y la multa antes mencionada.

“No cumplieron con las responsabilidades inherentes a su encargo, lo que es sancionado por el Artículo 8, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos”.

El proyecto Museo de Museos comenzó a cocinarse a mediados del 2017 y proyectaba no la construcción de un nuevo edificio, pero sí de una inversión para habilitar el Antiguo Palacio del Marqués del Apartado, que era sede del Archivo Técnico de Arqueología del INAH; sin embargo, no se dieron a conocer mayores detalles del proyecto que, contemplaban, debía estar listo para el cierre de la administración encabezada por Enrique Peña Nieto. Sin embargo, el proyecto no se concretó.

La exsecretaria de Cultura es la segunda funcionaria federal de la administración pasada en ser sancionada por la SFP. La primera fue la extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, quien fue inhabilitada en septiembre de 2019 por un periodo de 10 años por falta de veracidad en su declaración patrimonial.