Aprueban reformas al Código Penal de Querétaro

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La Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal, propone penas menos agresivas o trabajos a favor de la comunidad, a fin de garantizar los derechos humanos consignados en favor del individuo

En sesión de pleno, la 59 Legislatura aprobó este viernes el Dictamen de las Observaciones a la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Querétaro; el Dictamen de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de movilidad y seguridad vial; y el Dictamen de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juventud.

En cuanto al Dictamen de las Observaciones a la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Querétaro, realizadas por el titular del Poder Ejecutivo, se propone penas menos agresivas o trabajos a favor de la comunidad, a fin de garantizar los derechos humanos consignados en favor del individuo en las siguientes reformas:

  • A aquellas personas que comentan conductas que afectan directamente el desempeño de las facultades legales que tienen que ejecutar los servidores públicos, considerando que sus actos ponen en riesgo la tranquilidad y paz en la sociedad, así como los servicios instaurados para materializar la protección de los derechos fundamentales de las personas.
  • Sancionar a quienes irresponsablemente incumplan las medidas de seguridad sanitaria y particularmente el aislamiento obligatorio, poniendo en riesgo la salud e integridad de las personas ante el posible contagio de alguna enfermedad transmisible.
  • Asimismo, se deben establecer las sanciones para aquellas personas que convoquen, organicen, promuevan y difundan la coordinación o ejecución de saqueos y demás daños a supermercados, farmacias, hospitales, tiendas de autoservicio, mercados de alimentos, gasolineras, tiendas de abarrotes, comercios de alimentos preparados y demás comercios y establecimientos.

Finalmente, se señala que es necesario realizar las adecuaciones normativas a fin de establecer las sanciones que habrán de aplicarse a quien omita prestar el auxilio necesario a quien se encuentre desamparado y en peligro manifiesto en su persona y en general para todas aquellas conductas tendientes a causar una afectación derivada de la comisión de delitos contra el servicio público. 

Respecto al Dictamen de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de movilidad y seguridad vial, se aprobó dicho ordenamiento a fin de garantizar los derechos otorgados por la Constitución federal, en el que se considera fundamental facultar al Congreso de la Unión para expedir la Ley general que establezca la concurrencia del gobierno federal, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en materia de movilidad y seguridad vial; así como facultarlos a formular los planes en materia de movilidad y seguridad vial, con el fin de erradicar los índices de accidentes automovilísticos, mortalidad y de personas heridas por conductas viales negativas.

Con la creación de esta ley, se pretende otorgar la mayor protección a los ciudadanos, así como la homologación sobre las normas que rigen el comportamiento de los usuarios en la vía pública, fijar las bases que deberán contener los Reglamentos de Tránsito, conforme a infracciones y sanciones.

En materia de juventud, el Congreso local aprobó el Dictamen de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que diversas leyes han buscado garantizar los derechos de ciertos grupos de la población como los adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, entre otros. Sin embargo, los jóvenes se han visto relegados a pesar de que actualmente se está viviendo un importante bono demográfico, que podría mejorar la situación del país, especialmente en materia económica y educativa.

En los considerandos se señala que “jóvenes reclaman derechos como el acceso a la educación, a la salud, a un trabajo digno, bien remunerado y con prestaciones, acceso a una vivienda digna, a la información, el derecho a ser escuchados, a vivir en un país sin violencia una serie de derechos más que demanda este grupo poblacional, por lo que es necesario reformar el texto constitucional a efecto de establecer la obligación del Estado de promover el desarrollo integral de las personas jóvenes y de facultar al Congreso de la Unión para expedir la Ley General en materia de Formación y Desarrollo Integral de la Juventud”.